¡A responderle a la justicia!El funcionario mas cuestionado de la alcaldía de Jairo Yañez, enfrenta pliego de cargos de la procuraduría.

Procuraduría formula pliego de cargos contra dos exfuncionarios del Área Metropolitana de Cúcuta por irregularidades en millonaria obra vial

El funcionario más cuestionado de la administración del exalcalde Jairo Yáñez vuelve al ojo del huracán. La Procuraduría Regional de Instrucción de Norte de Santander formuló pliego de cargos contra Miguel Enrique Peñaranda, exdirector del Área Metropolitana de Cúcuta, y Álvaro Luis Álvarez Prado, exsubdirector de Planeación, Ordenamiento Territorial e Infraestructura, por presuntas irregularidades en la ejecución del proyecto de mejoramiento vial de la Avenida Kennedy.

Las investigaciones disciplinarias surgieron a partir de una queja presentada por el ciudadano Juan Carlos Lobo García, quien denunció demoras injustificadas y obras inconclusas en la intervención de esta importante vía del norte de Cúcuta. El Ministerio Público encontró múltiples fallas en la planeación, como la omisión de estudios técnicos indispensables y una presunta negligencia en el proceso de contratación.

📄 Un contrato millonario con resultados deficientes

El contrato, firmado el 24 de agosto de 2021 por un valor inicial de $15.000 millones, contemplaba un plazo de ejecución de solo cuatro meses. Sin embargo, la obra fue suspendida apenas un mes después por problemas en el diseño del sistema de alcantarillado, que no correspondía con las necesidades reales del proyecto.

La improvisación técnica llevó a nuevas inversiones no previstas inicialmente, como un desembolso de más de $55 millones para un estudio técnico posterior y $184 millones adicionales para rehacer el alcantarillado pluvial. La obra se reactivó el 14 de junio de 2022, pero fue suspendida nuevamente solo 22 días después, dejando una estela de frustración ciudadana y desconfianza institucional.

Según la Procuraduría, Miguel Peñaranda firmó el contrato sin verificar la existencia de los estudios jurídicos, técnicos y financieros exigidos, lo que representa una grave omisión de sus funciones como director. Su conducta fue calificada como negligente, al permitir la ejecución de una obra sin fundamentos técnicos sólidos, lo que derivó en serias deficiencias estructurales como problemas en la red de drenaje.

Por su parte, Álvaro Álvarez omitió la realización de los estudios de soporte, afectando el cumplimiento de los objetivos del proyecto y generando sobrecostos. La Procuraduría calificó su actuar como irresponsable, al permitir que las obras avanzaran sin una base técnica adecuada, con consecuencias directas sobre los recursos públicos y el bienestar ciudadano.

La entidad calificó las faltas de gravísimas y graves, lo que podría traducirse en sanciones como multas económicas o suspensiones del ejercicio de funciones públicas. Aunque no podrán apelar el pliego de cargos, los implicados aún tienen la posibilidad de aceptar su responsabilidad para reducir la severidad de las sanciones.