Petro arremete contra personero de Ocaña en medio de polémica por conmoción interior en El Catatumbo: “El ELN se emborrachará de alegría”

Una intensa controversia se desató en las últimas horas entre el Gobierno Nacional y el personero de Ocaña, Jorge Bohórquez, tras las denuncias del funcionario sobre presuntos abusos de la Fuerza Pública durante operativos en zonas rurales del Catatumbo, una de las regiones más golpeadas por la violencia armada en el país.

El epicentro del conflicto es la aplicación del decreto de conmoción interior en la región del Catatumbo, donde el Ejército Nacional ejecuta acciones militares en medio de la confrontación entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las extintas FARC, que se disputan el control del narcotráfico en esta estratégica zona fronteriza con Venezuela.

Denuncias desde el terreno

A través de su cuenta en X (antes Twitter), Bohórquez denunció un bombardeo en la vereda El Pino, alertando sobre la presencia de civiles, incluidos niños y campesinos, y advirtiendo sobre un posible desplazamiento masivo. El mensaje fue acompañado por un video que mostraba imágenes de la operación militar.

“El @COL_EJERCITO bombardea la vereda El #Pino sin importar presencia de campesinos, niños, niñas; de seguir, se presentará desplazamiento masivo”, escribió el personero, etiquetando a entidades de control como la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Alcaldía de Ocaña.

Las declaraciones generaron una respuesta inmediata por parte del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien no solo defendió la actuación de la Fuerza Pública, sino que lanzó serias acusaciones: insinuó que quienes critican los operativos podrían estar colaborando con grupos insurgentes.

“Negar la efectividad del decreto de Conmoción Interior en el Catatumbo es desconocer el esfuerzo de nuestras Fuerzas Militares. Quien diga lo contrario es sospechoso de estar ayudando a la insurgencia”, escribió Benedetti.

La respuesta del presidente Petro

Desde el Gobierno, el presidente Gustavo Petro también intervino en la controversia, elevando el tono y lanzando una dura crítica contra el personero:

“¿Por qué quiere el personero de Ocaña que se caiga la conmoción interior? Eso es para que se emborrache de alegría el ELN. No tendríamos cómo financiar al Ejército”, dijo el mandatario.

Petro se refirió además a las dificultades presupuestales que enfrenta el Gobierno para sostener las operaciones militares en esa región, asegurando que, sin el estado de excepción, se vería obligado a paralizar al Ejército por falta de recursos para combustible, alimentos y logística básica.

Reacciones de organismos de derechos humanos

Las afirmaciones del presidente y del ministro provocaron un fuerte rechazo por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos y desde el mismo Ministerio Público. La Defensoría del Pueblo salió en defensa del personero, recordando que su labor es constitucional y que su tarea consiste precisamente en velar por los derechos fundamentales de la población civil, especialmente en territorios donde el Estado tiene una débil presencia institucional.

“Las afirmaciones del ministro del Interior sobre el personero de Ocaña son incompatibles con el deber del Estado de proteger y fortalecer a las instituciones que defienden los derechos humanos”, señaló la entidad.

El trasfondo: una región atrapada entre fuegos

La región del Catatumbo, con al menos 10 municipios, vive uno de los contextos más complejos del conflicto armado actual. La presencia de estructuras ilegales, cultivos ilícitos y una débil institucionalidad han convertido a este territorio en un escenario permanente de disputa entre grupos armados ilegales y, en paralelo, de resistencia civil organizada.

Mientras el Gobierno defiende la necesidad de mantener la conmoción interior para garantizar la seguridad y sostener las operaciones militares, actores locales y organismos de derechos humanos reclaman que se tomen medidas con enfoque diferencial, que prioricen la protección de la población civil.

La polémica revela una fractura preocupante entre el nivel central del Estado y las autoridades locales en zonas de conflicto, lo que podría poner en riesgo la legitimidad y efectividad de las acciones del Gobierno en territorios como El Catatumbo.