Colombia pierde certificación antidrogas de EE.UU.: un golpe sin precedentes

El Gobierno de Estados Unidos descertificó por primera vez en 30 años a Colombia en la lucha contra las drogas, una decisión que sacude las relaciones bilaterales y pone en duda la estrategia del presidente Gustavo Petro frente al narcotráfico.

El Departamento de Estado agradeció el sacrificio de la Fuerza Pública colombiana en su combate diario contra los grupos criminales, pero lanzó un duro cuestionamiento al liderazgo de Petro, señalando que bajo su gobierno los cultivos de coca y la producción de cocaína alcanzaron cifras históricas.

Aunque el presidente Joe Biden otorgó una exención especial para que continúe la cooperación antinarcóticos y la ayuda estadounidense, Washington fue contundente: “Los resultados importan y deben verse pronto”. La presión internacional crece, y el país enfrenta ahora uno de los mayores retos diplomáticos y de seguridad en décadas.

El pronunciamiento incluyó fuertes críticas al presidente Petro, al señalar que sus “intentos fallidos de negociar con los grupos narcoterroristas solo han exacerbado la crisis”. Sin embargo, el mismo documento sorprendió al reconocer de forma positiva la labor de las autoridades municipales y regionales, exaltando su valentía y sacrificio en el combate al crimen organizado. Esta mención es inédita y refleja el eco que tuvieron en Washington las gestiones de varios mandatarios locales.

El contexto es clave: semanas atrás, alcaldes de ciudades como Medellín y Cali viajaron a la capital estadounidense para reunirse con el subsecretario de Estado, Christopher Landau, pese a la incomodidad de la Casa de Nariño. Tanto Federico Gutiérrez como Alejandro Eder destacaron la importancia de reforzar la cooperación en seguridad, inversión y desarrollo social, en un momento en que, según Eder, “nos quieren devolver a épocas del narcoterrorismo”.

Las fricciones entre Petro y los mandatarios regionales por esta visita marcaron un contraste que hoy cobra relevancia, pues la desertificación se convierte no solo en un reto diplomático para el Gobierno nacional, sino también en una oportunidad para que los líderes locales tengan un papel más visible en la agenda internacional.