Demolición del peaje se enreda entre papeles y promesas

A pesar de múltiples acciones legales y exigencias ciudadanas, la caseta del peaje de Lomitas continúa sin ser demolida, casi tres meses después del atentado del ELN que lo dejó inoperativo.

La Inspección de Policía de Villa del Rosario había ordenado a la Alcaldía ejecutar la demolición desde el pasado 27 de mayo, ante el incumplimiento por parte de la Unión Temporal de Peajes, encargada del punto. No obstante, la estructura sigue en pie, generando frustración entre los habitantes de este municipio fronterizo.

Acciones legales sin respuesta

El veedor ciudadano Miguel Ángel Flórez presentó el 13 de junio una acción de cumplimiento contra la Alcaldía, exigiendo que la demolición se realizara antes del 1 de julio, pero según denunció, la orden fue ignorada. Lo único que hizo la administración, asegura, fue una visita técnica para tomar medidas y evaluar costos, lo cual podría demorar aún más la intervención, pues se estudia abrir una licitación.

“La Alcaldía está intentando iniciar un proceso contractual que solo aplaza más la demolición. Incluso se habla de una posible licitación, lo que sería absurdo ante una orden directa de demolición”, denunció Flórez.

Más presión desde la ciudadanía

Ante la falta de acción, el ciudadano Jesús Antonio Villamizar interpuso una acción de tutela el pasado 22 de julio ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Los Patios, argumentando el riesgo físico que representa la estructura deteriorada. El fallo deberá emitirse esta semana.

Flórez también anunció que se presentará una solicitud de medida cautelar ante jueces administrativos de Cúcuta, buscando una orden inmediata para demoler lo que queda del peaje.

¿Vigilancia encubierta para reclamar indemnización?

Otro hecho que ha causado molestia es la presencia de trabajadores en el lugar. Según Flórez, algunos empleados de la Unión Temporal siguen realizando conteos de vehículos sin registrar placas, lo cual podría usarse como base para reclamar una eventual indemnización por pérdidas económicas.

“El conteo de carros no es parte de sus funciones legales. Esto podría ser una estrategia para exigir una reparación económica al Estado”, alertó el veedor.

Más de $4.000 millones ahorrados por la comunidad

Desde que el peaje dejó de funcionar, los rosarienses han dejado de pagar cerca de $4.000 millones, equivalentes a más de $25 millones diarios, según cifras reveladas por Flórez.

A pesar de este ahorro, el futuro del punto es incierto. El veedor advierte que la Unión Temporal podría pedir permisos para reconstruir la caseta, para lo cual tendría que solicitar una licencia urbanística a la Subsecretaría de Control Urbano.

¿Peaje de regreso? La comunidad puede oponerse

Flórez insistió en que los ciudadanos pueden bloquear la reconstrucción del peaje, presentando ante la Subsecretaría un documento en el que argumenten la falta de estudios técnicos para su ubicación y la violación al derecho de libre circulación.

El plazo para responder o negar estos permisos es de 45 días hábiles, contados desde la radicación de la solicitud.

Sobre el mantenimiento de las vías, aclaró que Invías sigue siendo el responsable, y se podría destinar dinero recaudado de otros peajes del departamento para cubrir estas obras.