Empresarios prenden las alarmas: aumento del salario mínimo podría traducirse en despidos y menos empleo en 2026

El aumento del salario mínimo para 2026, decretado por el presidente Gustavo Petro en un 22,7 %, continúa generando fuertes reacciones en el sector empresarial. Aunque el Gobierno defiende la medida como un alivio para los trabajadores, desde distintos gremios se advierte que el impacto podría ser contrario: despidos, congelamiento de contrataciones y mayor informalidad, especialmente entre las micro, pequeñas y medianas empresas.

La advertencia más contundente provino de Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), cuya presidenta, María Elena Ospina, calificó el incremento como “desproporcionado”. Según explicó, las mipymes que representan el 99,7 % del tejido empresarial y generan cerca del 80 % del empleo formal en Colombia no estaban preparadas para asumir un ajuste de esta magnitud sin afectar su estabilidad financiera.

Ospina señaló que el impacto no se limita al salario básico, sino que se extiende a prestaciones sociales y costos asociados. En el caso de una microempresa con pocos empleados, el gasto mensual en nómina puede dispararse a niveles difíciles de sostener. “Con este panorama, muchos empresarios ya están hablando de reducir personal, tercerizar servicios o frenar nuevas contrataciones para poder sobrevivir”, advirtió la dirigente gremial.

El temor, según Acopi, es que el país avance hacia un escenario de mayor desempleo e informalidad, justo cuando aún existen brechas profundas en el mercado laboral. A esto se suma una tendencia creciente hacia la automatización y el uso de inteligencia artificial, que para algunas empresas resulta más económica y predecible que mantener trabajadores formales con salarios y prestaciones en alza.

Finalmente, Ospina alertó que el efecto del aumento del salario mínimo no solo impactará a quienes lo devengan. De acuerdo con su análisis, millones de colombianos que ganan menos o apenas un poco más del mínimo podrían perder poder adquisitivo, debido al encarecimiento de servicios, tarifas, transporte y otros costos que suelen indexarse al salario mínimo. Un escenario que, según el gremio, exige una revisión urgente del modelo para evitar que la medida termine afectando al empleo que busca proteger.