Gobierno investiga empresas de seguridad privada por entrega de armamento a criminales: ya habría más de 62 mil armas en circulación ilegal

Durante el sexto Consejo de Ministros televisado, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, reveló una preocupante situación que compromete a empresas de seguridad privada en Colombia: la entrega irregular de certificados de escolta a presuntos delincuentes, lo que les ha permitido acceder legalmente a armamento de alto calibre.

La denuncia fue expuesta tras una declaración contundente del presidente Gustavo Petro, quien aseguró que más de 62.000 armas estarían hoy en manos de estructuras criminales. El mandatario atribuyó este fenómeno al legado del paramilitarismo y responsabilizó directamente a los gobiernos de César Gaviria y Álvaro Uribe Vélez por no haber controlado estos flujos armamentísticos en el pasado.

Empresas de seguridad bajo la lupa

El ministro Sánchez explicó que varias de estas empresas han sido identificadas por emitir diplomas de escolta a personas con antecedentes criminales. "Ahí hay un tráfico ilegal que se esconde en algunas, no todas, las empresas de seguridad privada", afirmó.

Según el ministro, el Ministerio de Defensa, en coordinación con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, ya adelanta investigaciones para rastrear el origen, uso y destino de estas armas.

El vínculo con el sicariato y el crimen organizado

Sánchez también reveló que cerca del 67% de los homicidios en el país están relacionados con el sicariato, y que algunas de estas armas irregulares estarían involucradas en estos hechos violentos. Por esta razón, el Gobierno está trabajando conjuntamente con la Fiscalía General de la Nación para judicializar a los responsables y desmantelar estas redes ilegales que operan desde dentro del sector legal de seguridad.

Un llamado a la depuración del sector

Esta investigación podría tener fuertes repercusiones sobre el sector de vigilancia privada en Colombia, que históricamente ha operado con escasa supervisión en algunas regiones del país. La administración Petro busca con esta ofensiva desmontar las estructuras que facilitan el armamento ilegal y que perpetúan los ciclos de violencia, especialmente en zonas urbanas y fronterizas donde el sicariato y los grupos armados tienen fuerte presencia.