¿Justicia o impunidad? Debate abierto tras la histórica sentencia de la JEP contra exjefes de las Farc

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió este martes una sentencia al parecer histórica, al sancionar con ocho años de restricción de libertad a siete exjefes de las antiguas Farc por su responsabilidad en más de 21.000 secuestros cometidos durante el conflicto armado en Colombia.

Los excomandantes Rodrigo Londoño (Timochenko), Pastor Alape, Pablo Catatumbo, Joaquín Gómez, Carlos Antonio Lozada, Rodrigo Granda y Jaime Parra aceptaron su responsabilidad y fueron hallados culpables de una política criminal que utilizó el secuestro como estrategia de financiación, presión política y control territorial.

La sentencia también reconoce que estos crímenes estuvieron acompañados en muchos casos de torturas, violencia sexual, homicidios, desapariciones y desplazamientos forzados, considerados crímenes de lesa humanidad.

Pese a la magnitud de los delitos, los exjefes no cumplirán penas de cárcel ordinaria. En su lugar, deberán cumplir sanciones restaurativas, como proyectos de desminado, reparación de víctimas, búsqueda de desaparecidos y trabajos comunitarios, con restricciones de libertad por un periodo de entre cinco y ocho años.

La decisión ha generado un debate nacional: para unos, es un avance en la justicia transicional y un paso clave hacia la reconciliación; para otros, se trata de una sentencia demasiado benévola frente al dolor de miles de familias.