Los escándalos que marcaron los cuatro años de Gustavo Petro en la Presidencia

El paso de Gustavo Petro por la Presidencia de Colombia estuvo atravesado por numerosas controversias políticas, investigaciones judiciales y crisis que tocaron a su familia, a funcionarios de primera línea y a personas estrechamente relacionadas con la campaña que lo llevó a la Casa de Nariño en 2022.

Uno de los principales capítulos estuvo relacionado con las cuentas de la campaña Petro Presidente. El Consejo Nacional Electoral había establecido para 2022 topes de $27.453 millones en primera vuelta y $12.840 millones para una eventual segunda vuelta. Posteriormente, las cuentas de la campaña se convirtieron en objeto de investigaciones electorales y judiciales. Ricardo Roa, quien se desempeñó como gerente de esa campaña y después llegó a la presidencia de Ecopetrol, fue imputado por la Fiscalía en 2026 por presuntas irregularidades.

Paralelamente estalló el caso de Nicolás Petro Burgos. En agosto de 2023, la Fiscalía le imputó los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, proceso que produjo un enorme impacto político debido a los cuestionamientos sobre el origen y destino de recursos que circularon alrededor del entorno electoral del entonces candidato presidencial. Hasta ahora, este proceso no permite atribuir automáticamente responsabilidad penal a Gustavo Petro por las conductas investigadas contra su hijo.

Otro de los mayores golpes políticos para el Gobierno fue el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD. Lo que inicialmente se conoció por las irregularidades alrededor de la adquisición de carrotanques destinados a La Guajira terminó abriendo investigaciones sobre contratación y presuntos pagos a integrantes del Congreso, involucrando a exdirectivos y funcionarios.

El Gobierno también atravesó fuertes crisis por los enfrentamientos y revelaciones protagonizadas por Laura Sarabia y Armando Benedetti. El caso de la exniñera de Sarabia, las interceptaciones ilegales investigadas por las autoridades, el dinero reportado como desaparecido y posteriormente los explosivos audios de Benedetti golpearon a uno de los círculos políticos más cercanos al mandatario.

En 2026, el nombre de Ricardo Roa volvió a ocupar el centro de la agenda judicial. La Fiscalía reportó oficialmente su imputación por presuntas irregularidades, un proceso relacionado con hechos ocurridos mientras ejerció como gerente de la campaña presidencial.

A estas controversias internas se sumó una crisis de dimensiones internacionales. El 24 de octubre de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Gustavo Petro, Verónica Alcocer, Nicolás Petro y Armando Benedetti bajo autoridades estadounidenses vinculadas a la lucha contra el narcotráfico. La administración estadounidense formuló graves acusaciones sobre la política antidrogas de Petro, mientras el entonces mandatario colombiano rechazó esos señalamientos.

La vida privada y familiar del presidente tampoco estuvo alejada del debate público. Episodios relacionados con Nicolás Petro, cuestionamientos sobre Juan Fernando Petro, controversias por ausencias de agenda y videos que generaron especulaciones sobre su vida personal alimentaron permanentemente la discusión política y mediática. Sin embargo, varias versiones difundidas en redes sociales sobre su comportamiento personal nunca fueron demostradas y no deben presentarse como hechos comprobados.

Así terminó una Presidencia en la que las reformas, las confrontaciones ideológicas y las transformaciones propuestas por Gustavo Petro convivieron permanentemente con investigaciones, escándalos y fuertes controversias. La responsabilidad penal por cada uno de los casos corresponde establecerla a las autoridades judiciales; la responsabilidad política y el impacto que tuvieron sobre su Gobierno forman ya parte del balance histórico de sus cuatro años en el poder.