Petro impone su reforma a la salud por decreto tras perder el control del Senado

El Gobierno de Gustavo Petro decidió imponer por decreto la reforma al sistema de salud, luego de perder el control de la Comisión Séptima del Senado, clave para tramitar la iniciativa en el Congreso.

El Decreto 0858 de 2025, firmado en la noche del 30 de julio por el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, pone en marcha un nuevo modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo, que transforma de fondo el sistema actual. Una movida audaz que ha sido leída por sectores de oposición como un “golpe a la institucionalidad” y una forma de evadir el debate democrático.

La decisión se tomó apenas horas después de que el Gobierno del Pacto Histórico perdiera la presidencia de la Comisión Séptima, que quedó en manos del senador liberal Miguel Ángel Pinto, uno de los más distantes del oficialismo. Sin esa ficha clave, el Ejecutivo perdió el escenario natural para sacar adelante su ambiciosa reforma por la vía legislativa.

¿Qué cambia el decreto?

El documento modifica varios artículos del Decreto 780 de 2016 (norma base del sector salud), reestructura el rol de las EPS, introduce Redes Integradas e Integrales Territoriales de Salud (RIITS) y fortalece a los entes territoriales como actores principales del sistema.

El nuevo esquema elimina la administración de recursos por parte de las EPS, limita sus funciones y les asigna tareas de articulación con los prestadores, distribución territorial y gestión del riesgo. El manejo de recursos pasará a la Adres, el SGP y otras fuentes estatales, sin modificar el flujo de dineros, pero supeditado al Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Una reforma por decreto: ¿avance o imposición?

Críticos del sector, como Acemi, el gremio de las EPS, han encendido las alarmas: acusan al Gobierno de implementar por decreto una reforma que debía pasar por el Congreso, y advierten que hay aspectos del decreto que requerirían modificación legal. También denuncian que muchos de sus aportes al borrador no fueron tenidos en cuenta.

Aunque el Ministerio de Salud defiende la medida como una necesidad urgente para garantizar la salud de los colombianos, sectores de oposición estudian acciones legales para tumbar el decreto, mientras se aviva el debate sobre los límites del poder presidencial frente al Legislativo.

¿Reforma por decreto o abuso del poder?

¿Tiene el Gobierno derecho a transformar el sistema de salud sin el visto bueno del Congreso? El país asiste a un nuevo capítulo de confrontación política, en el que el bienestar ciudadano parece quedar nuevamente en medio del fuego cruzado.