Así extorsionaba el funcionario de medicina legal capturado en Cúcuta

Jefferson Vladimir Merchán Cote, asistente forense de la entidad, fue capturado tras ser señalado de cobrar entre $20.000 y $100.000 a ciudadanos que buscaban información sobre sus seres queridos fallecidos.

De acuerdo con la Fiscalía, al menos 15 víctimas habrían sido extorsionadas durante 16 meses. El funcionario, aprovechando su cargo, presuntamente condicionaba la entrega de cadáveres o retrasaba los trámites si no recibía dinero. Incluso, exigía consignaciones digitales a cuentas vinculadas a su propio número de celular.

La investigación lo llevó a ser interceptado por la Policía en plena vía pública, cuando se movilizaba en su carro rojo y aún vestía el uniforme de la institución. Fue presentado ante un juez, acusado de concusión y cohecho impropio. Aunque no aceptó cargos, se ordenó su reclusión en centro carcelario.

El caso genera indignación en la opinión pública, pues todos los trámites en Medicina Legal son gratuitos. Las autoridades recalcaron que el abuso de confianza y la manipulación del dolor de las familias no quedará en la impunidad.

¿Por qué familias podían caer en estas extorsiones en Medicina Legal?

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses cumple un papel clave en momentos de dolor para las familias: allí se realizan trámites relacionados con la identificación de cuerpos, necropsias, entrega de cadáveres y expedición de certificados de defunción, entre otros procesos que son totalmente gratuitos.

Sin embargo, en escenarios de angustia y desconocimiento, muchos familiares llegan desesperados a la sede en busca de respuestas rápidas sobre sus seres queridos fallecidos. Esa vulnerabilidad habría sido aprovechada por el funcionario capturado, quien según la Fiscalía exigía pagos para “agilizar” procesos que, por ley, no tienen costo.

No es la primera vez que se conocen denuncias contra empleados de Medicina Legal en el país. En años anteriores, han circulado quejas sobre presuntas demoras intencionales en la entrega de cuerpos y solicitudes de dinero para trámites que deben ser transparentes y sin intermediarios. Estos casos ponen sobre la mesa la necesidad de mayor control interno en una entidad que atiende a las víctimas en los momentos más difíciles de sus vidas.