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Capturados dos hombres por caza ilegal de especies en peligro de extinción en Guainía

  • Rosa Hernández
  • 21 feb
  • 2 Min. de lectura

La Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), imputó cargos contra los hermanos Nicanor y Emilio García Pérez, acusados de la caza y transporte ilegal de especies en peligro de extinción en la región de la Amazorinoquía colombiana. Las autoridades los señalan como responsables de la muerte de ocho monos churucos y la tenencia ilegal de una tortuga morrocoy.



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El operativo fue llevado a cabo por unidades de la Armada Nacional, que interceptaron a los procesados mientras se desplazaban en una embarcación por el río Guaviare, en jurisdicción de Barrancominas, Guainía. Durante la inspección, los uniformados encontraron los cuerpos de los monos churucos ocultos en maletas, además de una tortuga viva y un mono bebé de la misma especie. También se halló en su poder una escopeta artesanal con munición, lo que llevó a su captura en flagrancia.



Ante un juez penal de control de garantías, la Fiscalía imputó a los detenidos los delitos de maltrato animal, aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Pese a la gravedad de las acusaciones, los procesados no aceptaron los cargos y se ordenó su detención preventiva.



Las especies afectadas por este caso están clasificadas en peligro crítico de extinción, de acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). La caza furtiva y la alteración de su hábitat han reducido drásticamente sus poblaciones, lo que hace aún más grave la infracción cometida por los acusados.



Este caso pone en evidencia la amenaza persistente que enfrenta la biodiversidad en Colombia, especialmente en regiones de difícil acceso como la Amazorinoquía. Las autoridades han reiterado su compromiso en la lucha contra el tráfico de fauna silvestre y la protección de los ecosistemas del país. La Fiscalía, a través de su grupo especializado Gelma, ha intensificado las acciones judiciales contra los responsables de delitos ambientales, promoviendo sanciones ejemplares para desalentar esta práctica ilegal.






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