¿Cuál fue la decisión para 500 personas alojadas por el conflicto armado en Cúcuta?

La Unidad para las Víctimas y el Ministerio del Interior acordaron prorrogar hasta el martes 29 de julio el alojamiento de más de 500 personas desplazadas por el conflicto armado en el Catatumbo. Estas víctimas, actualmente hospedadas en hoteles de Cúcuta, seguirán recibiendo atención mientras se determina quiénes figuran formalmente en el Registro Único de Víctimas (RUV).

Según datos de la Personería Municipal, 312 de los afectados ya están inscritos en el RUV, aunque muchos aún no han recibido ningún tipo de asistencia. La procuradora provincial, Lucero Yáñez, confirmó que quienes no hayan sido beneficiarios continuarán en hospedaje temporal hasta que reciban el pago de ayuda económica, lo cual condicionará su permanencia en los hoteles.

En paralelo, la Alcaldía de Cúcuta deberá seguir atendiendo a 204 personas que aún no tienen reconocimiento oficial como víctimas. Freddy Quintero, subdirector de la territorial Norte de Santander, viajó a Bogotá para revisar el censo actualizado y definir cuántas personas seguirán bajo alojamiento institucional, ya sea en hoteles o albergues.

El panorama de estas familias desplazadas está marcado por el temor y la incertidumbre ante los recientes enfrentamientos entre grupos armados en el Catatumbo. Aunque algunos han optado por regresar, otros se niegan por los riesgos persistentes. Quienes permanecen en Cúcuta enfrentan desafíos para sostenerse, pues carecen de redes de apoyo y oportunidades laborales claras.

Desde la Unidad para las Víctimas recordaron que existen mecanismos de apoyo más allá de los subsidios, como estímulos para empresas que contraten víctimas, fortalecimiento de emprendimientos y rutas de retorno o reubicación. Sin embargo, como señaló la personera Ludy Páez, los recursos estatales son solo un complemento: las víctimas deben buscar alternativas sostenibles de integración.