El bono pensional de $230.000 para adultos mayores está listo. Pero todo depende de la Corte Constitucional

Más de 3 millones de adultos mayores en Colombia están a la espera de un solo veredicto; el de la Corte Constitucional, que definirá si podrán acceder al bono solidario de $230.000 mensuales, una medida que transformaría la vida de quienes nunca lograron pensionarse.

Aunque la estructura legal, operativa y presupuestal del nuevo programa social ya está diseñada, el Gobierno Nacional advirtió que nada podrá implementarse sin el aval del alto tribunal, que tiene en sus manos la revisión de la Ley 2381 de 2024, columna vertebral de la reforma pensional del presidente Gustavo Petro.

¿Qué es el bono solidario y quién lo recibirá?

Se trata de una renta básica mensual de $230.000, dirigida a hombres mayores de 65 años y mujeres desde los 60 (o incluso antes en caso de discapacidad), que vivan en condiciones de pobreza o vulnerabilidad, no tengan pensión y hayan residido en el país los últimos 10 años. La identificación se hará a través del Sisbén, el Registro Social de Hogares y otras bases como Mi Registro Rural y censos étnicos.

El nuevo esquema absorberá progresivamente el programa Colombia Mayor, que actualmente entrega entre $80.000 y $225.000 mensuales. Quienes cumplan los requisitos serán trasladados al Pilar Solidario tras firmar un acta de registro, ya que la ley prohíbe recibir ambos subsidios al tiempo.

¿Quién paga y cómo se ejecutará?

El Departamento de Prosperidad Social (DPS) será el encargado de ejecutar el programa. Para 2026 se proyecta una inversión de $8,3 billones, monto que aún espera aprobación dentro del Presupuesto General de la Nación.

El bono será financiado con recursos del Fondo de Solidaridad Pensional, la Subcuenta de Subsistencia, y los planes macroeconómicos del Gobierno como el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de Gasto de Mediano Plazo, con el objetivo de garantizar sostenibilidad a largo plazo.

El proceso contará con cinco etapas, lideradas por el Ministerio del Trabajo:

1.      Identificación de potenciales beneficiarios

2.      Verificación de requisitos

3.      Validación y aprobación

4.      Suscripción del acta de registro

5.      Asignación del subsidio

Aunque el DPS ya tiene lista la hoja de ruta para empezar, el programa no podrá ponerse en marcha hasta que la Corte Constitucional dé luz verde. Actualmente, la ley fue devuelta a la Cámara de Representantes para corregir errores de forma, un paso previo antes del pronunciamiento definitivo sobre su constitucionalidad.