Imputan al exalcalde de Cúcuta Jairo Yáñez por presuntas irregularidades en millonario contrato del malecón
- Rosa Hernández
- 7 abr 2025
- 2 Min. de lectura
El tristemente célebre viejito del megáfono será judicializado por el contrato escándalo del contrato del malecón en #Cúcuta
El exalcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez Rodríguez (2020-2023), fue imputado por la Fiscalía General de la Nación por su presunta participación en un escandaloso caso de mal manejo de recursos públicos relacionados con obras de espacio público en la capital nortesantandereana.
Junto a Yáñez también fue judicializada Marcela Rodríguez Camacho, exdirectora del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, por su papel en la celebración de un contrato por más de 8.600 millones de pesos para la rehabilitación y embellecimiento del malecón de la avenida Libertadores, uno de los puntos emblemáticos de la ciudad.
¿Qué se investiga?
Según el ente acusador, los pagos del contrato firmado en julio de 2023 con una unión temporal se realizaron utilizando recursos que, por norma, estaban destinados exclusivamente para obras viales, no para intervenciones de espacio público como el malecón.
Pese a la restricción legal, el exalcalde habría autorizado y delegado a Planeación Municipal para tramitar los pagos, haciendo uso de un rubro que no correspondía, lo cual podría configurar el delito de peculado por aplicación oficial diferente.
El contrato contemplaba trabajos de rehabilitación, remodelación, construcción y embellecimiento del espacio peatonal, pero según la Fiscalía, dicha obra no estaba contemplada en el plan de inversiones priorizado por el Acuerdo Municipal de 2017.
Delitos imputados
Un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Norte de Santander formalizó la imputación contra los exfuncionarios, advirtiendo que este presunto desvío de recursos compromete la legalidad del proyecto y la correcta ejecución del presupuesto municipal.
Con esta imputación, las autoridades buscan esclarecer posibles responsabilidades penales en un contrato que, más allá de sus fines urbanísticos, habría vulnerado la norma presupuestal y dejado un manto de duda sobre la transparencia de la pasada administración.




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