Otro Escándalo más...
- TVCUCUTA
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23 Mil millones para maquillador y fotógrafo de Verónica Alcocer en RTVC.
Un nuevo frente de controversia política y judicial se abrió en Colombia tras conocerse denuncias sobre contratos que, según reportes periodísticos, sumarían casi 23.000 millones de pesos para servicios de maquillaje y fotografía vinculados al entorno de la entonces primera dama, Verónica Alcocer.
La información indica que el caso ya está en conocimiento de la Fiscalía y se relaciona con contrataciones ejecutadas desde 2022.
De acuerdo con los documentos divulgados, el esquema habría operado mediante la Cooperativa de Trabajo Asociado Soluciones de Audio y Video (Savi): RTVC contrataba con la cooperativa, y esta vinculaba a terceros para prestar los servicios.
En los reportes aparecen como beneficiarios el maquillador Fady Javier Flórez y el fotógrafo Mauricio Vélez, con varios contratos en distintos periodos.
El primer contrato reseñado se habría firmado en septiembre de 2022, un mes después de la posesión presidencial. Desde entonces, se reportan montos sucesivos: contratos por miles de millones en 2022, acuerdos conjuntos en 2023, otro de alto valor en 2024 y una nueva contratación en el segundo semestre de 2025, siempre bajo la figura de administración delegada y subcontratación.
RTVC, según las respuestas citadas en esos informes, sostiene que su relación contractual fue con Savi y no directamente con los profesionales mencionados. Es decir, la entidad reconoce el marco contractual con la cooperativa, mientras la discusión pública se centra en si ese mecanismo garantizó o no suficiente transparencia, competencia y control sobre el destino final de los recursos.
La gravedad del caso está en el posible uso de recursos públicos para fines de imagen personal y en el riesgo de que la intermediación contractual haya servido para direccionar beneficiarios específicos, debilitando principios de igualdad y selección objetiva.
Esa es justamente la tesis central de la denuncia presentada por el profesor Juan Carlos Portilla, que pide avanzar en responsabilidades penales y administrativas.
En términos políticos, el impacto también es alto: el episodio llega en pleno ambiente preelectoral y alimenta el debate sobre contratación estatal, control fiscal y uso de figuras interadministrativas. Cuando aparece un contrato legal en forma pero cuestionado en fondo, la pregunta deja de ser solo “si se podía”, y pasa a ser “si se debía”.
Es una investigación sobre un esquema de contratación entre Dapre, RTVC y una cooperativa, con terceros vinculados para servicios de maquillaje y fotografía; lo que pasó es que se acumularon contratos por valores multimillonarios entre 2022 y 2025; y lo grave es la presunta afectación a la transparencia y al interés público, en un caso que hoy se perfila como nuevo escándalo de contratación y que dependerá de la evidencia que consoliden los entes de control y la Fiscalía.