Polémica en Bogotá: Alcaldía cobrará a vendedores informales por uso del espacio público

El Instituto para la Economía Social (Ipes) aclara detalles del nuevo cobro, mientras el debate crece

La decisión de la Alcaldía de Bogotá de cobrar a los vendedores informales por el uso del espacio público ha generado una fuerte controversia. Mientras algunos defienden la medida como una forma de regular la actividad, otros la ven como un golpe a los trabajadores que dependen de las ventas callejeras para subsistir.

El Instituto para la Economía Social (Ipes) explicó que el cobro hace parte del Protocolo de Aprovechamiento Económico del Espacio Público, derivado del Decreto 315 de 2024. Según la entidad, este protocolo busca regular y organizar la venta informal, basándose en la Ley 1988 de 2019, que reconoce esta actividad como una forma legítima de trabajo.

Desde el Ipes aseguran que la medida busca equilibrar los derechos de los vendedores con el uso adecuado del espacio público, garantizando una ocupación más organizada. Sin embargo, la reacción de los comerciantes informales no se ha hecho esperar y muchos temen que esto termine afectando sus ingresos.

¿Qué establece el decreto?

El Protocolo de Aprovechamiento Económico del Espacio Público, expedido por el Ipes, se basa en la Ley 1988 de 2019, que reconoce la venta informal como una actividad legítima. Según la entidad, la normativa busca garantizar un equilibrio entre el derecho al trabajo de los vendedores y el uso adecuado del espacio público.

El director del Ipes, Wilfredo Grajales Rosa, aseguró que la medida no busca afectar a los comerciantes, sino formalizar y organizar su presencia en las calles. “Nuestra posición siempre ha sido el diálogo y la concertación con los beneficiarios. No permitiremos que los vendedores informales sean utilizados con fines políticos ni para intereses particulares”, declaró.

¿Cómo impactará a los vendedores?

Para muchos comerciantes informales, este cobro representa un nuevo obstáculo en su lucha diaria por generar ingresos. Aunque el Ipes argumenta que el pago permitirá mejorar la organización y evitar abusos en la ocupación del espacio público, algunos vendedores temen que esta medida les imponga una carga económica adicional que reduzca aún más sus ganancias.

El tema ha desatado un intenso debate en redes sociales, donde algunos ciudadanos apoyan la regulación para evitar el desorden en el espacio público, mientras otros critican que la Alcaldía en lugar de apoyar a los comerciantes, les imponga nuevos costos en medio de una difícil situación económica.

💬 ¿Qué opinas? ¿Es una medida justa o un nuevo obstáculo para los vendedores informales?