Procuraduría pone la lupa sobre la pareja del presidente de Ecopetrol por contratos sospechosos con el Estado

Bogotá, junio de 2025.  La Procuraduría General de la Nación abrió juicio disciplinario contra Carlos Julián Caicedo Cano, pareja sentimental de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, tras detectar serias irregularidades en su contratación con entidades estatales como Invías y la Universidad Pascual Bravo.

La investigación, que avanza bajo la lupa de la Procuraduría Primera Distrital de Instrucción de Bogotá, se fundamenta en presuntos conflictos de interés, uso de influencias y violaciones al régimen de inhabilidades. La decisión fue emitida el pasado 4 de junio y se origina en publicaciones como la de La Silla Vacía, que alertó sobre la sorprendente rapidez con la que Caicedo obtuvo cargos y contratos públicos pese a no contar con experiencia comprobada en el sector.

¿Nepotismo o tráfico de influencias?

Según el pliego de cargos, Caicedo Cano, de 31 años, fue vinculado como asesor del director general del Invías el mismo día en que se anunciaron cambios estratégicos dentro de la entidad. No obstante, paralelamente a su función pública, celebró contratos con otras entidades, violando supuestamente las reglas de inhabilidad e incompatibilidad.

La Procuraduría señala además un presunto incumplimiento de funciones, al comprobarse que durante sus horas laborales Caicedo habría estado viajando por Colombia y el exterior, compartiendo imágenes en redes sociales mientras debía estar cumpliendo funciones como asesor grado 08.

Las alarmas también se encendieron tras conocerse su vinculación con la Universidad Pascual Bravo, en Medellín. La Procuraduría solicitó copias del contrato y compulsó copias para investigar a Liliana Restrepo, funcionaria que firmó el polémico acuerdo con Caicedo.

Una pareja rodeada de investigaciones

El juicio disciplinario contra Caicedo Cano es apenas uno de los cinco procesos abiertos por la Procuraduría contra la pareja presidencial de Ecopetrol. El propio Ricardo Roa, actual presidente de la petrolera estatal y exgerente de la campaña de Gustavo Petro, enfrenta múltiples expedientes:

·         Violación de topes y omisión de reportes en la campaña presidencial, que ya generó una solicitud de sanción ante el Consejo Nacional Electoral.

·         Presunto detrimento financiero de Ecopetrol, por decisiones administrativas bajo su dirección.

·         Inasistencia reiterada al Congreso, lo que activó una investigación por desacato.

·         Compra sospechosa de un lujoso apartamento en el norte de Bogotá, que podría representar conflicto de intereses.

·         Y un presunto caso de monitoreo ilegal de comunicaciones dentro de Ecopetrol para controlar filtraciones internas.

Todos estos procesos están activos y podrían escalar en los próximos meses, mientras la Procuraduría recopila pruebas y documentos que vincularían a Roa y su pareja en una red de posibles abusos de poder y manejo irregular de recursos públicos.

La investigación contra Carlos Julián Caicedo Cano podría derivar en sanciones disciplinarias si se comprueba que incurrió en faltas graves. La etapa probatoria seguirá su curso, y el proceso no prescribiría sino hasta agosto de 2027.

Mientras tanto, crecen las presiones políticas y ciudadanas para que se aclaren las responsabilidades de quienes, desde la esfera pública, parecen haber utilizado su cercanía al poder para acceder a privilegios y contratos estatales.