Vergüenza, hoy primera audiencia contra David Racero

La audiencia de perdida de investidura contra el representante a la Cámara de Pacto Histórico David Racero inicia hoy.

El cuestionado político de izquierda habría usado un miembro de su unidad legislativa UTL como tendero en el fruver de su propiedad, además se le señala de exigir pagos a sus subalternos, una verdadera vergüenza política para el partido de gobierno.

Pruebas y testimonios contundentes contra Racero se encuentran en un escándalo que destapó el periodista Daniel Coronel.

El caso será presidido por el magistrado Freddy Ibarra Martínez, quien escuchará los argumentos de los denunciantes y de la defensa antes de elaborar la ponencia que recomendará o no la sanción contra el parlamentario.

La carrera política de Racero, una de las más destacadas dentro del partido de gobierno, atraviesa su momento más difícil. En los expedientes se le acusa de presuntos abusos laborales contra miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), pagos no justificados y uso indebido de recursos públicos para fines personales.

Uno de los hechos más graves señala que un integrante de su equipo fue utilizado como dependiente de un negocio familiar, un fruver ubicado en el occidente de Bogotá, mientras seguía recibiendo salario del Congreso.

Los mensajes de WhatsApp que hacen parte del expediente muestran al entonces conductor de Racero, John Leonardo García Lara, reportando las ventas del establecimiento y recibiendo órdenes directas del congresista sobre la operación del negocio.

Además, existen comunicaciones en las que el parlamentario habría pedido a otras funcionarias de su UTL pagar cuotas de su tarjeta de crédito o cubrir gastos domésticos con dinero personal, lo que configuraría un uso irregular de los recursos asignados a su despacho.

Mientras el proceso avanza en el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia también revisa el caso en el ámbito penal. Según se conoció, el alto tribunal recibió nuevas pruebas sobre presuntas consignaciones de subalternos a cuentas de Racero y de sus familiares para cubrir gastos personales.

Aunque el congresista y su equipo niegan las acusaciones, las pruebas documentales y bancarias serán determinantes en las decisiones judiciales que podrían poner fin a su carrera política.